miércoles, 18 de marzo de 2015

Detención, juicio y ejecución de Alexandro Bóveda (II)

LA REBELIÓN EN PONTEVEDRA

DÍA 17

De acuerdo con el testimonio del comisario jefe de Pontevedra, Florencio Enguita, en las primera horas de la noche del 17 de julio de 1936 llegaron a la Comisaría rumores relacionados con el levantamiento de nuestras tropas de África. Más tarde fueron confirmados al ordenarse desde la Dirección General de Seguridad que se intensificase la vigilancia en las fronteras para evitar el paso de los generales Sanjurjo y Cavalcanti junto con un alijo de armas que suponían acopiadas en Portugal.

DÍA 18

En las primeras horas del día 18 se tuvo conocimiento por un cabo de municipales de la gran actividad que había en el cuartel de Artillería, así como de la cantidad de soldados que iban a los domicilios de jefes y oficiales, que se congregaban en dicho cuartel vestidos de uniforme. Viendo que la situación se agravaba, este mismo día se reunieron con frecuencia miembros del Frente Popular en el despacho del gobernador civil de la provincia, Gonzalo Acosta Pan, entre otros Amancio Caamaño, Alexandro Bóveda, Amando Guiance Pampín, Ramiro Paz, Paulo Novás, Víctor Casas, el capitán de Asalto Juan Rico, José Adrio Barreiro, Celestino Poza (hijo), Maximiliano Pérez Prego, José Pintos, etc.

Sobre las 5 de la tarde el gobernador salió en su coche oficial para Salvatierra de Miño, Arbo y Tuy, poblaciones en donde había puestos fronterizos de la policía, para dar instrucciones. Cuando estaba en Tuy le entregaron una nota para que regresase con urgencia a la capital, cosa que hizo presentándose sobre las 21 horas. Con la llegada del gobernador comenzó la recluta y organización de unas fuerzas paramilitares que se harían las dueñas de la calle hasta que el Ejército restableció el orden, así como el montaje de la vigilancia en toda la población, en especial en los cuarteles de San Fernando y Campolongo, convocándose a todos los afiliados de los partidos extremistas integrados en el Frente Popular, tanto de la capital como del entorno. Todo ello efectuado por esas fuerzas paramilitares designadas en ocasiones con el pomposo nombre de Milicias Unificadas Antifascistas y al mando de José Pintos Quinteiro, en el coche de su propiedad y otros incautados mediante autorizaciones del Gobierno Civil, según decían. Al mismo tiempo daban a conocer la consigna de declarar la huelga general revolucionaria cuando lo ordenase el comité que para tal efecto se constituyó en servicio permanente. Esta huelga revolucionaria, no autorizada por la legislación, impulsada de forma aberrante y delictiva desde el Gobierno Civil, se aseguró que se declararía en cuanto el Ejército proclamase el Estado de Guerra. En la misma noche del 18 el comité montó un servicio permanente de guardias rojas en el Ayuntamiento, Gobierno Civil y Diputación.

DÍA 19

El domingo día 19 pasaron por el despacho del gobernador alcaldes y representantes del Frente Popular de toda la provincia para ponerse tanto a su disposición como a la del comité. En la noche del sábado al domingo se iniciaron por parte de los paramilitares registros domiciliarios y el domingo 19 se intensificaron, incluso efectuando detenciones de personas de significación derechista. Todo ello en virtud de denuncias del Frente Popular y por órdenes directas del gobernador. Según el comisario, la actividad de las milicias fue tan intensa que llegaron a ser los únicos que actuaban en la calle, sin que en Comisaría se recibieran órdenes para la práctica de servicio alguno y sí tan solo el que de forma verbal se dispuso practicase el inspector Antonio Iglesias en la madrugada del 20 de julio. Este consistía en la detención, registro y conducción de un coche que no se detuvo a su paso por Marín, suponiendo iba cargado de armas. Tal servicio no se cumplimentó al comprobar el inspector que sus ocupantes eran militares, lo que motivo una reconvención del gobernador civil.

Para asegurar la actividad de los grupos paramilitares, tanto el alcalde como el gobernador extendieron de forma absolutamente irregular unas autorizaciones para usar armas de fuego entre los días 19 al 22, hechas en blanco aunque con el hueco para consignar el nombre del beneficiario, sin que hubiese registro ni lista en que constase a quien se entregaban.

En la noche y madrugada del 19 al 20 los grupos paramilitares ejercían una vigilancia minuciosa, parando a todos los vehículos incluso los oficiales, cacheando e identificando a cuantas personas transitaban y no pertenecían al Frente Popular, llegando al extremo de que al querer parar un coche que no se detuvo hasta entrar en el cuartel de San Fernando se aproximaron tanto a este inmueble que tuvieron que salir los centinelas para dispersas y alejar a los grupos de escopeteros, que no abandonaron la vigilancia montada en los paseos del frente.

DÍA 20

El día 20 el aspecto de Pontevedra continuó en igual situación haciendo creer a la gente normal que se acercaba una noche revolucionaria, de incendios, cuchillos largos y tiroteos, en la que muchas familias iban a sufrir las consecuencias del terror rojo. Durante la mañana los obreros entraron a trabajar con la consigna de declarar la huelga general revolucionaria al primer aviso. Este se dio a las 11,30, saliendo los dirigentes para sus respectivos pueblos con el mismo fin y para reclutar gente que integrase los grupos paramilitares. A las 13,15 horas se recibió en Comisaría una orden del gobernador para que un funcionario acompañase a Andrés Rey y otros al objeto de requisar armas en comercios y viviendas y así se cumplimentó.

En las primeras horas de la tarde el comisario jefe con personal a sus órdenes y en virtud de mandato del gobernador, procedió a la incautación y clausura de la estación radiodifusora EAJ 40 de emisiones, Radio Pontevedra, trasladando a Comisaría una parte esencial del emisor, que quedó bajo llave hasta que esa misma noche y por orden del comandante militar de la Plaza fue entregada a un oficial de Artillería para su montaje bajo control de la Autoridad Militar. Antes había exigido esa parte esencial José Adrio Barreiro pero al consultarlo con el gobernador este no autorizó la entrega y no se efectuó.

Al regresar de la clausura de la emisora el comisario se encontró conque por orden del capitán de Asalto Juan Rico González, se había distribuido su fuerza por distintos puntos del Palacio Provincial, en especial balcones, ventanas, puertas de acceso y también en la Comisaría para situar guardias en las ventanas. Al poco subió el mencionado comisario al despacho del gobernador y se encontró al comité del Frente Popular y a varios miembros del mismo que hacían airadas protestas contra la pretensión que al parecer tenía el poncio de resignar el mando en la Autoridad Militar. Cuando habló por teléfono con el comandante militar de Pontevedra, general Iglesias,  y le comunicó que resignaba el mando comenzó el desconcierto y se iniciaron las amenazas contra el gobernador civil. Al comprobar el comisario que la situación de la primera autoridad civil de la provincia era extremadamente peligrosa, bajó a Comisaría y subió acompañado de un inspector, un agente y dos parejas de Asalto dirigiéndose al dormitorio en el que estaba el gobernador con su esposa, Caamaño y Pampín, todos sobrecogidos y llenos de pánico pues según decía el gobernador le querían asesinar. El inspector Antonio Iglesias pudo confirmar este extremo al ver al socialista Jacobo Zbarsky empuñando una pistola y apuntando a la puerta de entrada a dicho dormitorio, actitud que no abandonó hasta que fue intimado con carácter de autoridad por dicho inspector. Evacuado el Palacio Provincial de las fuerzas paramilitares, se trasladaron los policías al Cuartel, iniciándose el tiroteo contra el Ayuntamiento por los disparos que desde el mismo se hicieron cuando los funcionarios policiales se encontraban en la Alameda.

El gobernador fue detenido por el capitán de la Plana Mayor, Luis Sánchez Cantón al que vio como su salvador. Lo fue en un primer momento pero dados los graves delitos que se le probaron fue condenado a la última pena, y a este militar le tocó mandar el pelotón que ejecutó la sentencia. Bóveda también fue capturado en flagrante delito por el mismo Sánchez Cantón mientras salía del Palacio Provincial, lo que dio pie a que se instruyese contra él un relativamente extenso procedimiento sumarísimo en el que quedaron reflejadas sus actividades delictivas y sobre todo su perfil de exaltado, que veremos en próximos días. Para abrir boca, una muestra. Al justificar el gobernador su rendición diciendo "yo no quiero ser fratricida, ni que se derrame sangre en esta Provincia por mi causa", y que tuviesen paciencia pues si esta vez habían perdido otra vez ganarían, contestaron Alexandro Bóveda y el socialista Jacobo Zbarsky Kupper:

"Esto no puede ser, hay que matarlo, es una traición".

Lo cual da idea de una personalidad exaltada que poco tiene que ver con la que perfila su hagiografía nacionalista, mendaz, una vez más.



No hay comentarios: